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La contratación pública, más comprometida

La contratación pública, más comprometida

La contratación pública, más comprometida

En el marco de la agenda europea 2020 que pretende reactivar el mercado interior y promover un uso racional y eficiente de los recursos económicos públicos surge esta nueva normativa. En este sentido, las instituciones españolas asumen su papel de garante de la transparencia y la gestión sostenible e inclusiva a través de la publicación y compromiso de cumplimiento de los términos de esta regulación. Además, está íntimamente vinculada a la Estrategia Española de Economía Circular que actualmente se está elaborando.

Por primera vez se incorporan como aspectos positivos en los pliegos los comportamientos sociales y ambientales de las empresas, qué necesidades están satisfaciendo, cómo producen, cuánto consumen, qué estrategias siguen para reducirlo. Estos criterios se tendrán en cuenta en el proceso de licitación para obtener más puntuación y, además, resolverán en caso de que se produzca empate.

Si hubiera que desempatar, primero se inclinarán por las entidades que sean de economía social, empresa de inserción, organizaciones sociales y comercio justo o aquellas que favorezcan excelentemente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o cuenten con más personas con discapacidad en su plantilla. Una vez pasado este segundo filtro, en el caso de que continúe el empate, tendrá preferencia en la adjudicación las que cumplan con los siguientes criterios en el orden que se presentan:

  1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
  2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
  3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

A pesar de la importancia de lo anteriormente expuesto, el quid de esta norma recae en la obligatoriedad que se impone a las administraciones de incorporar, al menos, una condición especial de ejecución del contrato respecto a los aspectos de carácter económico, social, de innovación o medioambiental.

Algunas de las exigencias respecto al medio ambiente versan sobre el uso del agua, el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables o el consumo de productos a granel y la producción ecológica; respecto al impacto social y empleo las preocupaciones están orientadas hacia la reducción del paro juvenil, de mujeres y el de larga duración, la siniestralidad laboral y el aumento del comercio con pequeños productores de países en vías de desarrollo.

Es imprescindible recordar que estas condiciones especiales de ejecución de contrato serán  exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. Dependiendo de cómo se tipifiquen estas condiciones, su incumplimiento dará lugar a sanción o a rechazo de la oferta.

En Areteia estamos convencidos de que esta nueva ley va a ser una gran herramienta de apoyo a las políticas ambientales, sociales y de innovación que ya están en marcha a nivel nacional, regional y local y que, además, será un instrumento relevante para las administraciones públicas que reconoce y premia el esfuerzo de las empresas por impactar positivamente en su entorno y trabajar para mejorarlo.